El escenario es cada vez más complejo para la caza menor, y ya no se puede perder más tiempo. Es hora de asociarse para defender lo que más nos gusta.
Por Gabriel Paccioretti gpaccioretti@yahoo.com.ar
La recientemente finalizada temporada de caza menor ha sido muy difícil para muchos cazadores que vieron seriamente restringidas sus posibilidades de cazar, hasta el punto que algunos no pudieron hacerlo. Los animalistas y anti-caza han hecho grandes avances contra nuestra pasión cinegética.
La provincia de Corrientes no habilitó la temporada de menor 2023 sin fundamento alguno. Córdoba la autorizó sólo en junio (¡nada más que 30 días!), pero los funcionarios se vieron obligados a extenderla un mes más por la enorme presión de los cazadores y legítimos usuarios de ALUPROC (Asociación de Legítimos Usuarios de la Provincia de Córdoba), que aprovecharon el año electoral y amenazaron con manifestaciones públicas en la mismísima capital provincial.
Buenos Aires es un caso especial: los ministerios están colonizados por animalistas y anti-caza que no se preocupan por disimularlo. El Estado provincial no hace los estudios poblacionales correspondientes, y tampoco aceptan las colaboraciones para hacerlos… y luego no habilitan la caza porque carecen de dichos estudios, una estrategia anti-caza impecable. Este año la temporada de caza menor bonaerense sólo autorizó unas pocas palomas y liebres.
ABSURDO
En Entre Ríos llegaron al colmo… y fueron más allá aún: la resolución 888/23 habilitó la temporada de caza menor sólo para ser realizada en cotos privados, lo que imposibilitó la actividad a la totalidad de cazadores deportivos argentinos, pero la permitió para los extranjeros.Fue una virtual privatización de la caza, porque obligaba a contratar servicios de turismo cinegético para poder realizarla. Como se sabe, los cotos están enfocados al mercado internacional y sus valores son privativos para los locales, lo que resultó en la prohibición de la actividad para los cazadores nacionales.
Esto fue un duro golpe porque, además de imposibilitar la caza a los argentinos, generó suspicacias y resquemores entre cazadores deportivos y operadores de turismo cinegético. Es muy probable que haya sido una normativa deliberadamente intencionada para dividir el colectivo de la caza, ya que a unos se les permitió continuar cazando mientras que a otros se lo imposibilitó.
Previo a la temporada, funcionarios provinciales tuvieron reuniones con organizaciones animalistas y fueron duramente presionados, seguramente aprovechando el contexto de un año de elecciones. Y luego de esas entrevistas dejaron de responder los teléfonos de los dirigentes de instituciones de cazadores.
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